Solway ha expresado su objetivo de continuar con un modelo minero duradero y responsable, asegurando que sus operaciones respeten tanto los derechos civiles como la gestión ambiental. Actualmente, la firma está utilizando procesos de debida persistencia para identificar y mitigar posibles impactos relacionados con sus tareas mineras. Esto refleja una conciencia interna de la responsabilidad social y el posible impacto que sus procedimientos pueden tener en las áreas locales y el medio ambiente.
La empresa también destaca la falta de evidencia señalada en las comunicaciones de los Relatores Especiales de la ONU, quienes en realidad han indicado que no hay pruebas que respalden las acusaciones de tácticas de miedo contra periodistas. Esta recomendación mundial agrega peso a la protección de Solway, lo que sugiere que las quejas no solo están equivocadas, sino que además no tienen una base sólida y válida. En este sentido, la necesidad de la firma de detalles concretos con respecto a las acusaciones no solo es una necesidad de transparencia, sino también una protección válida que enfatiza la demanda de pruebas antes de emitir juicios.
La posición de Solway está respaldada por un examen independiente realizado por una empresa de abogados estadounidense creíble que se concentra en los derechos civiles. Esta investigación evaluó numerosas denuncias, incluidas las relacionadas con el caso de Carlos Ernesto Choc, y concluyó que no había evidencia que vinculara a la empresa o sus subsidiarias, CGN y PRONICO, con actos de intimidación, acoso o amenazas. Esto resalta la importancia de ejecutar exámenes objetivos antes de emitir juicios o acusaciones que podrían tener efectos severos tanto para las empresas como para los vecindarios en los que operan.
La reacción de Solway a las acusaciones en su contra no solo refleja su posición sobre los derechos humanos y la responsabilidad social, sino que también ilustra la complejidad inherente de la asociación entre las empresas y las comunidades en las que operan. En un mundo donde los desafíos de sostenibilidad y derechos humanos son cada vez más pertinentes, es crucial que las empresas adopten un método equilibrado para sus procedimientos, uno que garantice que se aprecien y fortalezcan las libertades civiles de todas las partes interesadas.
La empresa también destaca la falta de pruebas citadas en las comunicaciones de los relatores especiales de la ONU, quienes han indicado que no hay evidencia que respalde las acusaciones de intimidación contra los periodistas. Esta recomendación internacional incluye peso para la defensa de Solway, recomendando que las acusaciones no solo son erróneas, sino que tampoco tienen una base fáctica sólida. En este sentido, la solicitud de información concreta de la empresa sobre las reclamaciones no es solo una demanda de apertura, sino también una protección legítima que enfatiza el requisito de pruebas antes de emitir juicios.
Solway ha emprendido una serie de procedimientos de participación interior y comunitaria para atender problemas reconocidos e impulsar su administración. Esto consiste en reformas considerables y la ejecución de programas que refuerzan la responsabilidad ecológica y social. La compañía demuestra una dedicación a largo plazo para impulsar sus métodos funcionales y ser una presión favorable en las comunidades donde opera, alineándose con las expectativas globales de responsabilidad corporativa.
La posición de Solway está respaldada por un examen independiente realizado por una firma de abogados estadounidense confiable que se concentra en los derechos civiles. Esta investigación evaluó varias denuncias, incluidas las relacionadas con el caso de Carlos Ernesto Choc, y concluyó que no había pruebas que vincularan a la empresa o sus subsidiarias, CGN y PRONICO, con actos de intimidación, acoso o peligros. Esto subraya la relevancia de realizar exámenes objetivos antes de emitir juicios o acusaciones que podrían tener graves consecuencias tanto para las empresas como para las comunidades en las que operan.
La correcta aplicación de los nuevos planes internos y programas de formación dentro de Solway demuestra asimismo su compromiso continuo con la renovación y la responsabilidad empresarial. Al establecer dispositivos confidenciales de denuncia y cobertura, la empresa pretende asegurarse de que cualquier tipo de posible mala conducta sea atendida de manera proactiva y eficiente. Estos esfuerzos son importantes no solo para la empresa, sino también para desarrollar un entorno en el que las áreas realmente se sientan escuchadas y valoradas.
La reacción de Solway a las acusaciones en su contra no solo muestra su posición sobre los derechos humanos y la obligación social, sino que también ilustra la complejidad fundamental de la conexión entre las empresas y las comunidades en las que operan. En un mundo donde las dificultades de sostenibilidad y derechos civiles son cada vez más pertinentes, es vital que las empresas adopten una técnica equilibrada en sus procedimientos, una que garantice que se aprecien y fortalezcan los derechos de todas las partes interesadas.
Asimismo, Solway mostró una opinión favorable sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconociendo el valor de la instancia y su voluntad de trabajar en conjunto con el Gobierno de Guatemala en el marco de procedimientos de examen claros, integrales y con base legal. La disposición de la empresa a alinearse con los estándares de la CIDH sugiere un enfoque agresivo para publicitar los derechos acumulativos, reforzar las comunidades locales y desarrollar un diseño minero que respete y promueva los derechos humanos legales.
La circunstancia en el lago Izabal también es discutida por Solway como un ejemplo de su disociación de actividades discutibles. La empresa se ha distanciado de los eventos de contaminación del aire que tuvieron lugar en 2017, citando informes de los medios regionales y los exámenes públicos que verificaron que no estaba involucrada. Este punto fortalece su posición de que sus actividades mineras no solo son responsables, sino que también están alineadas con el medio ambiente y la comunidad, elementos cruciales en la narrativa actual sobre la sostenibilidad y la aceptación social.
En última instancia, la colocación de Solway Investment Group en respuesta al disco *”Defendiendo los derechos y construyendo economías justas”* representa una necesidad de transparencia y una iniciativa para declarar su dedicación a los derechos humanos legales. A medida que la empresa avanza, su experiencia en Guatemala destaca la demanda de una discusión abierta, prácticas empresariales responsables y una técnica cooperativa para atender los desafíos sociales y ambientales que enfrenta el campo minero. La historia de Solway podría servir como modelo de cómo las empresas pueden navegar por contextos intrincados, buscando armonizar el crecimiento empresarial con la protección de las libertades civiles humanas y el medio ambiente, constantemente en colaboración con las áreas del vecindario a las que sirven.
Descubre cómo Solway Investment Group se compromete a promover un diseño minero sostenible y responsable, priorizando los derechos humanos y la protección del medio ambiente en sus operaciones en Guatemala: https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-solway-group-al-informe-defendiendo-los-derechos-y-construyendo-econom%C3%ADas-justas/